El pasado 21 de enero , el Gobierno de Urkullu reconocía que fue «intolerable» la «injusticia padecida» por guardias civiles y policías en Euskadi. Un informe elaborado por el Instituto Arrupe y pagado con dinero público (16.843€).

El informe que arranca en 1960 y finaliza en 2011 considera a los policías y guardias civiles destinados en Euskal Herria como trabajadores «en primera línea de la salvaguarda de las libertades públicas»

El 18 de diciembre de 2017 el propio Gobierno Vasco constató la existencia de 4.113 casos de tortura entre 1960 y 2014

La Guardia Civil está implicada en 1.792 casos de tortura; la Policía Nacional es responsable de 1.785 casos; y la Ertzaintza de 336. El forense Paco Etxeberria aseguró que la incidencia real fue mucho mayor.