La Transición se desarrolló bajo el chantaje de secretos que hoy siguen ocultos

El primer estudio académico sobre el papel de los confidentes y los secretos de la dictadura en el modelo español de transición a la democracia –recién publicado en Historia Actual– ha demostrado empíricamente cómo el control y utilización de los secretos sobre los represores y colaboradores de la dictadura (los archivos de la policía política del franquismo y las actividades de sus informantes) han sido clave durante décadas para que las élites del régimen consolidasen y perpetuasen su enorme poder financiero, y una impunidad absoluta, forjando instituciones y una policía paralela (en la que Villarejo era un peón más) que han reproducido su poderío hasta el día de hoy a costa de que España padezca los peores índices de Europa en niveles salariales, desempleo, precariedad laboral, pobreza infantil y redistribución de la riqueza. 

CARLOS ENRIQUE BAYO (@tableroglobal) 

Los resultados de la larga investigación de la economista Vanessa Damiano (Universidad de Barcelona) están condensados en las 18 páginas del artículo Esqueletos en el armario de la Transición española. Transparencia y desigualdad en transiciones a la democracia, pero Zorrotz ha podido examinar los materiales originales y las tablas completas de ese amplio estudio comparativo, que analiza exhaustivamente los casos de Grecia y Portugal, contrapuestos al de España donde la democratización fue dirigida desde las élites del régimen autoritario anterior a través de un “pacto” o “negociación”, sin ruptura revolucionaria con el marco legal de la dictadura. En cambio, “en Grecia y Portugal se produjo a través de una ruptura y una revolución, respectivamente, cogiendo totalmente desprevenidas a sus élites que vieron así debilitada su posición negociadora” y su capacidad para controlar las instituciones y chantajear a los políticos. 

La diferencia es notable porque destaca la menor redistribución de la riqueza en España tras una transición pactada respecto a las transiciones con ruptura de esos dos países, como demuestra el reciente estudio del catedrático de Ciencias Políticas y Sociología, Robert Fishman (Democratic practice: Origins of the Iberian divide in political inclusion, Oxford University Press), aportando numerosas pruebas no sólo de “la mayor prioridad que se ha dado en la política portuguesa al empleo como objetivo económico; sino el mayor éxito de Portugal en atender las demandas sociales de los sectores más desfavorecidos, con mayor gasto público en beneficios sociales y educación, además de conseguir un crecimiento más igualitario y mayor reducción de la pobreza”. España también presenta índices de desigualdad superiores incluso a Grecia, devastada económicamente por la imposición de la política de austeridad de la UE y duramente golpeada por la crisis financiera mundial de 2008. 

Las redes clandestinas de poder destapadas por el caso Villarejo  

Pero más sobresaliente todavía es el hecho de que en estos dos países del sur de Europa se ha podido descartar la existencia de las redes clandestinas de poder que ha generado el modelo transicional de España y que han salido a la luz en los últimos años con la judicialización de la trama policial mafiosa del comisario José Manuel Villarejo. La investigadora ha indagado “la vinculación entre el poder económico-financiero y los antiguos servicios de información de la policía política basada en la existencia de información comprometida” y ha analizado los resultados con la metodología sociológica del rastreo de procesos. Eso le ha permitido confirmar “la relación entre las medidas de falta de transparencia sobre la represión de la dictadura y la reproducción de redes clandestinas de poder conformadas por cierta élite, que ha instrumentalizado esa deficiencia a su favor”. 

De hecho, sus pesquisas científicas y análisis académicos confirman plenamente las exclusivas periodísticas publicadas a lo largo de los últimos seis años por el que esto escribe y la periodista Patricia López sobre la existencia de una policía paralela al servicio de los multimillonarios y las familias que se enriquecieron con el franquismo y la privatización posterior de las grandes compañías del Estado. Un cáncer sistémico de la Transición española que no está siendo expuesto en su verdadera dimensión por los principales medios de comunicación que, con gran retraso, están aireando ahora detalles concretos de cada uno de los escándalos contenidos en la treintena de piezas separadas en las que la Audiencia Nacional ha dividido de momento el gigantesco entramando del caso Tándem, descubierto gracias a los archivos secretos de Villarejo. 

La “teoría de esqueletos en el armario” de Monika Nalepa 

Y precisamente de archivos secretos, y de su manipulación como elementos de chantaje a los poderes políticos y judiciales, es de lo que trata este análisis sin precedentes sobre la Transición española en su conjunto basándose en la “teoría de esqueletos en el armario” elaborada por Monika Nalepa, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago (Skeletons in the closet: Transitional justice in post-communist Europe, New York, Cambridge University Press), para explicar la justicia transicional en la Europa pos-comunista. 

Porque en la ocultación y utilización de esos archivos confidenciales se cimentó ese imperio mafioso, en el que las élites económicas tardo-franquistas asentaron su control absoluto de las instituciones democráticas con la cobertura de la monarquía y mediante la estructura creada por miembros de la brigada político-social y de los servicios secretos de la dictadura, cuyos más importantes agentes pasaron a dirigir los gabinetes de Seguridad de las más importantes compañías y entidades financieras de España. Desde esos nodos de poder se construyó un gigantesco entramado de sicarios al servicio de los potentados, con la complicidad de jueces y fiscales que ampararon esa trama. Una organización criminal en la cúpula del poder del Estado que ha controlado toda la Transición y ante la cual las mayores tramas corruptas de los partidos políticos son meras anécdotas. 

La ‘brigada político-social’ franquista, al mando de la Policía 

Esa organización criminal de mandos de la policía política del franquismo, la mayoría de ellos bregados en la feroz represión en Euskadi desplegada desde que los servicios secretos de Carrero Blanco pusieron al frente de la lucha antiterrorista allí a José Sainz González (primer jefe de Villarejo), se hizo con el poder real dentro de la Policía durante más de 40 años de democracia, y hasta hoy, a causa del pacto de punto final que produjo la Ley de Amnistía en 1977 y no sólo exoneró a todos los responsables de los crímenes de la dictadura sino que incluso mantuvo en sus puestos a los que dirigieron la Brigada de Investigación Social (la que se conocía como “político-social”), fundada por la Gestapo y encabezada por el siniestro comisario Roberto Conesa. 

Lo único que se hizo fue cambiar los nombres de cada cuerpo policial; la Dirección General de Seguridad pasó a llamarse Dirección General de la Policía, y la policía política pasó a ser Brigada Central de Información, primero, y después Comisaría General de Información. Pero siguieron mandando los mismos, que además eligieron a sus sucesores y ascendieron a sus discípulos, porque Adolfo Suárez encargó la “modernización” de la Policía al implacable falangista reconvertido Rodolfo Martín Villa, que nombró a José Sainz al frente de la nueva Subdirección General de Seguridad y aceptó su exigencia de que se instaurase un sindicato policial (al principio llamado “asociación”, puesto que aún no existía libertad sindical) encargado de impedir cualquier democratización interna y de garantizar la impunidad absoluta de los agentes frente a las presiones políticas o judiciales. 

Los jefes de la policía política en Euskadi toman el poder 

Esa Asociación Profesional de la Policía reunirá a los más destacados represores de la policía política en Euskadi: el propio José Sainz (jefe en Vizcaya), Manuel Ballesteros (jefe en Guipúzcoa) y Rafael del Río (jefe en Álava), encargados de dirigir la “modernización”, junto al servicio secreto militar SECED (antecesor del Cesid, luego CNI) y con otros destacados jefes policiales franquistas como José Luis Fernández Dopico y Agustín Linares Molina, quien años después apadrinará el reingreso y ascenso de Villarejo en el Cuerpo Nacional de Policía tras su larga excedencia para enriquecerse con operaciones ilícitas. En aquella primera época, Villarejo había estado en Bilbao como secretario de Sainz, por lo que el hoy famoso comisario de las cloacas de Interior fue nombrado vicepresidente de esa Asociación Profesional de la Policía, encargado de la comunicación y de dirigir la revista Tribuna Policial. 

Suárez, tras ganar las elecciones de 1979 que todos los poderes fácticos querían que perdiera, nombrará ministro de Interior al capitán general de la IV Región Militar (Catalunya) y director general de la Guardia Civil, Antonio Ibáñez Freire, quien había sido gobernador civil y jefe de la Falange en Vizcaya y Barcelona, y lucía una Cruz de Hierro con la que le galardonó el Tercer Reich cuando la Gestapo montó las fuerzas de seguridad de Franco. El sucesor de Martín Villa ascenderá a José Sainz a la cúspide la Dirección General de la Policía, entregando definitivamente el cuerpo a los artífices de la represión franquista. 

A Sainz le sucederá Rafael del Río, comisario de la político-social en Eibar durante la dictadura, mientras Villarejo llega a secretario general del sindicato de los jefes policiales (SPCSP) y se enfrenta con la Unión Sindical de Policía (USP) de Modesto García, afín al PSOE. A Ibáñez Freire le reemplazará Juan José Rosón, quien dirigió durante el franquismo el fascista Sindicato Español Universitario (SEU) y la TVE del No-Do, para ser encumbrado como gobernador civil de Madrid tras la muerte del dictador. 

Ley de Secretos de Franco para ocultar la verdad del 23-F 

En este clima se producirá el golpe del 23-F, tras el que tanto el sumario de la causa judicial como las actas del juicio en la Audiencia Nacional se mantendrán ocultos hasta el día de hoy en virtud de la franquista Ley de Secretos Oficiales 9/1968, que no sólo sigue todavía vigente porque no ha sido derogada en toda la democracia sino que incluso se ha ido reforzando después –ampliando los conceptos por los que se pueden esconder indefinidamente a la opinión pública las decisiones y medidas tomadas por las autoridades–, tanto por los gobiernos del PP como por los del PSOE. Al año siguiente, cuando ya es indiscutible que Felipe González va a arrasar en las elecciones generales, se le deja claro que el presidente elegido en las urnas no va a tener el control de las Fuerzas Armadas ni de las de seguridad, encargándose Rosón de indicarle quiénes habían de ser los ministros de Defensa y de Interior, designados por las élites económicas. Hasta el mismo Villarejo se permitió advertirle personalmente a Felipe de que “sus escoltas son también policías”. 

Es en ese trance cuando se produce uno de los más descarados chantajes policiales al poder político: el sindicato SPCSP de Villarejo se hace con una cartera donde Manuel Plaza, miembro del rival USP, guarda las fichas internas sobre los propios policías que han elaborado agentes afines al PSOE para producir una renovación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando consiguieran ganar las elecciones. El robo de esos 2.000 expedientes policiales, cometido por Sebastián Fernández Dopico (hermano del antes citado director general de la Policía) y su subalterno José Luis Rodríguez Zarco, forzará a González a descartar al candidato del USP, Carlos Sanjuán, y nombrar ministro de Interior al exfalangista José Barrionuevo, con Rafael Vera también impuesto como secretario de Estado de Seguridad – así que no hubo un solo “Señor X” del terrorismo de Estado del GAL, sino bastantes más–, y a Narcís Serra en Defensa para “modernizar” el Ejército tras el 23-F y meter a España en la OTAN. Años después, Serra protagonizará el caso del agujero de activos inmobiliarios tóxicos en Catalunya Caixa y se descubrirá que pagó personalmente el informe Crillón contra Mario Conde. 

Chantaje al poder con miles de expedientes policiales robados 

En realidad, los expedientes policiales sustraídos por los mandos herederos del franquismo fueron en total 5.000, y los 3.000 restantes –incluyendo los de torturadores y confidentes policiales, muchos de los cuales treparon luego a las alturas del poder político democrático haciéndose pasar por antigua oposición antifranquista– no fueron destruidos como se pretende en la historia oficial, sino atesorados como caudal de chantaje durante toda la democracia. Barrionuevo y Vera acabarán en prisión, pero la cúpula policial (y del servicio secreto) franquista seguirá controlando durante décadas a los sucesivos jefes de las fuerzas de seguridad y chantajeando a los diferentes gobiernos, siempre al servicio de las élites económicas procedentes de la dictadura, que promocionarán a sus propios delfines para perpetuar esa sociedad secreta. 

Mario Conde tratará de convertirse en parte de esas élites, contratando a Sebastián Fernández Dopico para que le organice su propia infraestructura de seguridad e información con el fin de obtener informes sobre competidores, antagonistas o adversarios, junto a varios expolicías y exagentes del CESID. Además, logrará que el exjefe de la Agrupación Operativa del servicio secreto, Juan Alberto Perote, le entregue 1.200 microfichas con toda la información clasificada sobre la guerra sucia del GAL, así como los archivos secretos del 23-F. Pero todo ello, que compromete directamente a Juan Carlos I y demuestra el origen político e institucional del golpe –según fuentes de toda solvencia recabadas por este periodista–, no le bastará al banquero para blindarse frente a los amos de las cloacas de Interior y sus sicarios, coordinados por Villarejo y que ocupan todos los ámbitos del poder económico y policial. 

La detención, procesamiento y condena de Conde demostrará que las élites posfranquistas no permiten que les disputen el poder advenedizos recién llegados y sólo admiten en el superselecto Círculo de Gstaad a los discípulos escogidos y preparados en el club de la beautiful people que nutrirá el relevo de los nuevos amos del país, como Adrián de la Joya (“tronco” de Villarejo en Marbella), Borja Prado (hijo del administrador de la fortuna ilícita del rey) o Florentino Pérez (forjado en el Ayuntamiento de Madrid, primero con la UCD y después con López del Hierro y Barrionuevo). 

Atocha, Scala, Windsor, Jáudenes, Jano, Crillón, Kitchen, PISA… 

El desarrollo secreto de la larga Transición controlada por ese poder en las sombras dejará un reguero de operaciones encubiertas y escándalos soterrados, desde la sospechosa matanza de los abogados de Atocha y el montaje policial del supuesto atentado en la sala de fiestas barcelonesa Scala (diseñado para destruir a la CNT), hasta el pavoroso incendio del edificio Windsor (que destruyó, justo al día siguiente de que lo reclamara el fiscal, el informe de Deloitte sobre el pelotazo de la venta de FG Valores por Francisco González, tras ser designado por Aznar para hacerse con el control del BBVA). 

La lista de casos en los que se utiliza, roba, falsifica, mutila o destruye información secreta para chantajear y coaccionar es interminable: los papeles de Manglano (todos los detalles de la guerra sucia del GAL), el informe Jáudenes (la implicación del servicio secreto en el 23-F), el archivo Jano (del CESID sobre los secretos de políticos y magnates), el informe Crillón (encargado a la agencia Kroll sobre Mario Conde), la Operación Kitchen (para destruir las pruebas de la Caja B del PP), el informe PISA (montaje de la UDEF para hundir a Podemos)… Con el chantaje de documentos secretos se imponen los ministros del primer Gobierno de González, y con la difusión de documentos secretos del GAL se hace caer a su último Gobierno. Y las filtraciones de las pruebas de corrupción del PP, del PSOE y de CiU acabarán con sus gobiernos nacionales o autonómicos una y otra vez. 

Medio centenar de policías franquistas al servicio del IBEX-35 

La investigación de Damiano que presentamos al inicio de este artículo hace un repaso tan exhaustivo del medio centenar de altos cargos policiales franquistas que formaron las redes secretas del poder económico durante la democracia, que sus tablas han tenido que ser resumidas para el artículo académico publicado. Su versión íntegra muestra cómo gran parte de las grandes empresas del IBEX-35 han participado en esas redes clandestinas de poder gracias a la contratación de aquellos mandos policiales franquistas como directores de su Seguridad corporativa, que se coordinaban con la cúpula de la Policía Nacional para cometer múltiples delitos propios de una inmensa organización criminal mafiosa.  

Sólo con el estudio judicial de la mitad del archivo de documentos y audios incautado a Villarejo ya han sido imputados o investigados los más altos cargos de gigantes como Iberdrola, BBVA, Repsol y CaixaBank; y muchas más compañías han sido implicadas o relacionadas con esa trama colosal: OHL, ACS, Telefónica, Prosegur, Indra, Mutua Madrileña, Grupo Planeta, Banco Santander, Airtel Móvil, Procisa, Constructora San José, Tabacalera, Interligare… En todos los casos, el nexo de conexión con las cloacas de Villarejo eran los mandos policiales franquistas que siguieron al frente de las Fuerzas de Seguridad al principio de la democracia y después dejaron allí a sus delfines para pasar a disfrutar de salarios millonarios en las grandes empresas privadas, especialmente las que eran del Estado y fueron privatizadas por los gobiernos de González y de Aznar. 

Una Transición basada en la total impunidad de las élites 

El informe de Damiano abre la puerta a un análisis académico sin precedentes sobre las consecuencias de ese modelo de Transición en la impunidad absoluta de las élites, con redes secretas de poder cimentadas en la continuidad de las estructuras represoras de la dictadura, sobre las desproporcionadas desigualdades económicas, laborales y sociales que padece España y que la sitúan a la cola de Europa en esos ámbitos. De hecho, el trabajo de la licenciada en Económicas y máster en Investigación Sociológica señala los casos de Polonia y Hungría como principales países que siguieron modelo español de transición, incluso asesoradas por algunos de los protagonistas de nuestro país, y subraya sus evoluciones democráticas poco ejemplares que han llevado a enfrentar a sus gobiernos con las instituciones de la Unión Europea. 

Sus conclusiones, en base al estudio comparativo de las decenas de transiciones ocurridas en el mundo, son demoledoras: la transparencia sobre los ejecutores de la represión en una dictadura y los colaboracionistas secretos con el régimen es la única vía de justicia transicional que logra una verdadera redistribución del poder político y económico, frente a los procedimientos que ahora se buscan en España a través de procesos judiciales o comisiones de la verdad, que resultan inútiles sin transparencia sobre el verdadero papel que jugaron los escalones superiores de los partidos opositores. Incluso en casos como Polonia se ha llegado a descubrir que un elevado número de los diputados que se sentaban en el Parlamento polaco democrático habían sido colaboracionistas con el régimen de Jaruzelski durante la represión impuesta desde el Kremlin. Un tipo de investigación que sigue siendo hoy totalmente imposible en España. 

Como verdadero “Modelo español de impunidad” –titular del dossier de Historia Actual en el que ha sido publicado el artículo de Damiano–, lo que la Transición española demuestra es que la falta de transparencia sobre el final de la dictadura, como ocurre en España, permite la continuidad de la estructura judicial y policial del régimen anterior, impide la redistribución de la riqueza tras el fin del sistema autoritario y facilita la creación de redes clandestinas de poder económico que impiden el normal desarrollo del sistema de mercado y de la competencia, instaurando oligopolios capaces de chantajear a los gobiernos surgidos de las urnas. 

La excepción de España, frente a Portugal y Grecia 

Porque “en el sur de Europa se observan dos estrategias claramente diferenciadas a la hora de lidiar con los colaboradores directos de la dictadura y su continuidad en las instituciones públicas”, escribe Damiano. “El caso español resultó una excepción, permitiendo la continuidad de muchas de las instituciones de la dictadura y de sus colaboradores, cambiando simplemente su estatus legal en consonancia con una Transición negociada sin ruptura. Por el contrario, en los casos de Grecia y Portugal se realizaron intensas purgas tanto en relación con los integrantes del Gobierno como en el cuerpo de funcionarios, abarcando entre otros a los cuerpos militares y la Policía, especialmente la policía política. Además, en ambos casos hubo disposiciones para la apertura de los archivos secretos de la dictadura, los archivos de la represión y de la policía política”. 

“En el caso portugués, se aprobaron leyes a tal efecto de tal forma que a finales de 1975 permitieron la purga de 20.000 personas entre antiguos gobernantes, dirigentes del partido único, la Legión Portuguesa y funcionarios públicos de diversos ministerios. En el Ejército se expulsó a más de 300 efectivos de todas las graduaciones y se depuró la policía militarizada de la dictadura (Guardia Nacional Republicana), aunque los únicos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado sometidos a juicio fueron los integrantes de la policía política (PIDE-Polícia Internacional e de Defesa do Estado). Hubo purgas en otras muchas instancias como universidades, Justicia y administraciones locales. El archivo personal de Salazar y los archivos de la PIDE fueron incorporados a los Archivos Nacionales”. 

“En Grecia los miembros de la Junta Militar fueron juzgados y condenados a muerte, pena después conmutada por la cadena perpetua. Se realizaron purgas (el denominado proceso de apo-untopoiisi) que afectaron a 100.000 personas, atañendo a todos los cargos directos relacionados con la dictadura y a los cuerpos de funcionarios, especialmente en las universidades. En cuanto a los archivos de la dictadura y la represión, en un primer momento fueron revelados y se utilizaron para condenar a los responsables de violaciones de derechos humanos”. 

Todo esto no puede ser más distinto de lo ocurrido en España, cuya “modélica” Transición sigue siendo un misterio para la ciudadanía porque la verdad de lo ocurrido permanece oculto bajo el manto de una Ley de Secretos Oficiales dictatorial todavía vigente, y no se puede corregir ni reparar porque la Ley de Amnistía preconstitucional es esgrimida como coartada para que la Justicia no cumpla su cometido con los represores, los colaboracionistas y los que se enriquecieron con todos esos crímenes y violaciones de los derechos humanos.